JUNTOS POR LOS BOSQUES

Los bosques y los terrenos forestales asociados ocupan un 54% de la superficie de España (27 millones de ha). Esta superficie ha venido aumentado a un ritmo de más de 180.000 ha/año en los últimos 25 años (el mayor ritmo de toda la UE) tanto por acción (repoblación forestal, forestación de tierras agrícolas) como por la expansión espontánea de los bosques consecuencia del abandono rural.

Dos terceras partes de estos terrenos pertenecen a más de 2 millones de ciudadanos o colectivos privados, mientras que el otro tercio son públicos, ubicados en zonas de montaña y principalmente propiedad de ayuntamientos. A pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado en la implantación de la gestión forestal sostenible en un gran número de bosques, aún quedan determinadas áreas con terrenos forestales abandonados por diversas causas; carencia de ingresos para mantenerlos o propiedades colectivas de imposible identificación de sus titulares por pérdida del tracto sucesorio, además de un minifundismo muy acusado en la mitad norte, que dificulta extraordinariamente la gestión.

Nuestros bosques producen bienes, en parte comercializados vía el mercado, y servicios ambientales. Entre los primeros destaca la madera y leña con volumen aprovechado de casi 20 millones m³/año (1.000 M € de valor primario), el corcho con 70.000 t/año (solo el tapón de corcho supone 350 M €/año), resina natural con 12.000 t (14 M €/año), además de caza y pesca, castañas, espárragos, esparto, frutos del bosque, pastos, piñón y setas, etc.

De la madera, aprovechamos menos del 40% del crecimiento de nuestros bosques y el 80% de ésta se genera en el 20% de la superficie (Galicia y Cornisa Cantábrica). La madera es la base de un complejo tejido industrial que incluye: industria de la madera (madera aserrada, tableros, envases de madera), industria de pasta y papel, e industria del mueble. Junto a los restantes productos forestales genera el 1,7% del PIB, 300.000 empleos directos (1,7% del empleo total) (Tablas Input - Output INE 2015) cubriendo el 5% de la energía primaria consumida en España, con el 40% del total de energía renovable como objetivo (IDAE 2015).

En muchos de los productos no madereros el aprovechamiento no está regulado, produciéndose de facto una apropiación libre no contribuyendo a sufragar los costes de la gestión forestal. Tampoco se contabilizan ni retribuyen los servicios ambientales que generan los bosques, como son la regulación hídrica, la mejora de la calidad del agua, el efecto sumidero de carbono atmosférico, el control de la erosión y procesos de desertificación, y preservación de la biodiversidad, así como otros de tipo social como el paisaje - clave en las zonas de costa, montañas e islas - por su relevancia turística o el recreo y esparcimiento.

1. EMPLEO, DESARROLLO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
La actividad forestal y el valor añadido del sector industrial asociado son los tractores insustituibles de las áreas menos pobladas y más desfavorecidas de nuestro territorio creando y manteniendo empleo como ninguna otra actividad y retornando recursos al territorio. Siendo inestimable su contribución actual al empleo, su importancia estratégica es de tipo cualitativo (cohesión territorial, desarrollo rural y freno a la despoblación). Si se tomasen las medidas pertinentes, el sector forestal sería capaz de generar 100.000 empleos adicionales permanentes.

2. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, BIO-ECONOMÍA Y ENERGÍA
Los bosques son cruciales en la lucha contra el cambio climático al constituir el único sumidero gestionable. Más allá de reducir sus propias emisiones es el único sector que puede compensar las de otros. Hoy, el crecimiento del stock forestal compensa el 20% del total de emisiones de CO₂ de España, además de importantes beneficios climáticos adicionales por almacenaje temporal gracias al uso de productos forestales de larga duración, sobre todo madera en la construcción, y por la substitución de materias primas y energías no renovables.
La madera y el corcho constituyen los materiales más ampliamente disponibles para la transición hacia la bio-economía, capaces de sustituir en la construcción, industria química o energía materias primas no renovables. El uso de la biomasa de origen forestal es una oportunidad única para la reducción del riesgo de incendios, creación de empleo, mitigación del cambio climático y reducción de la dependencia energética exterior.

3. RECURSOS HÍDRICOS, PROTECCIÓN DEL SUELO, LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y DESASTRES NATURALES
Los bosques son el tipo de uso más eficiente en la preservación del suelo, especialmente en caso de suelos ubicados en laderas, base de todo el ciclo de vida. Reducen los riesgos de todo tipo de catástrofes como inundaciones, corrimientos de tierra, aludes, etc. Regulan el ciclo hídrico, asegurando recursos de alta calidad, evitando el aterramiento de embalses, protegiendo infraestructuras y favoreciendo la infiltración del agua. Recuperando y manteniendo los bosques nos adaptamos al cambio climático y luchamos contra la desertificación y la erosión.

4. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
Una buena parte de la biodiversidad terrestre se encuentra en los espacios forestales cuyas estructuras serán claves para su riqueza y resiliencia. La preservación de la biodiversidad es no sólo un mandato ético plenamente asumido sino una estrategia eficaz para la adaptación al cambio climático y para la diversificación turística.

5. PAISAJE, TURISMO, SALUD Y MEJORA DE LOS ENTORNOS URBANOS
Los bosques ofrecen el marco inigualable de calidad paisajística para las áreas residenciales y vacacionales así como para el recreo y la actividad física saludable. Los bosques periurbanos son clave para regular el clima local y mejorar la calidad de vida de la población urbana.

Todas estas aportaciones no se producen de forma espontánea, sino que el estado de los bosques y su resiliencia ante impactos dependen de la gestión forestal aplicada por los propietarios y gestores forestales. Además, la gestión forestal requerida para recuperar nuestros bosques en extensión y estructura no se produce de forma automática ni puede sufragarse por los mercados debiéndose aplicar la solidaridad colectiva ya sabiamente prevista en el artículo 45.2 de la Constitución española.

Entendemos que los primeros 100 días de la legislatura son claves para determinar su resultado final. Por ello proponemos las siguientes 5 medidas, que por su importancia y urgencia deberían ser acometidas en el arranque de la legislatura:

1. CONSTITUIR EL CONSEJO FORESTAL NACIONAL, como órgano consultivo en materia de montes y política forestal. Y así volver a instaurar los órganos colegiados de participación tanto con las administraciones de las CC.AA. como con el sector y la participación de todos los agentes interesados para lograr una política integrada.

2. Asegurar una dotación idónea para el sector forestal en los PRESUPUESTOS GENERALES 2017, que más allá de los incendios, permita acometer acciones y alcanzar los objetivos del Plan Forestal Español 2002, así como la plena ejecución del remanente de los Presupuestos de 2016 y, si esto no fuese posible, su incorporación en el de 2017.

3. PUESTA EN MARCHA EFECTIVA DEL PASSFOR, convocando a los representantes del Comité de seguimiento del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal.

4. Presentar al Consejo de Ministros una PROPUESTA DE MEDIDAS EN IRPF, IMPUESTO DE SOCIEDADES, IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES para dinamización de la Gestión Forestal Sostenible y movilización de los recursos existentes.

5. Definir y consensuar con el sector y agentes interesados una AGENDA DE TRABAJO DE LEGISLATURA EN ASUNTOS FORESTALES ambiciosa que incluya al menos las siguientes actuaciones:

Poner en marcha un Programa de promoción de productos forestales, para incrementar su consumo responsable lo que activará la gestión forestal en España.
Recuperar un Plan de Restauración Hidrológico Forestal que ayude a paliar las pérdidas de suelo por erosión y reduzca el riesgo de desertificación. Su ejecución podría ser mediante Convenio con las CC.AA. y las Confederaciones Hidrográficas con una dotación suficiente para aplicar la Directiva Marco Europea de Aguas.
Potenciar la sanidad forestal, actualizando y agilizando el registro de productos fitosanitarios y mejorando las redes de daños forestales, como herramienta para la planificación forestal y el seguimiento de plagas.
Asegurar la unidad de mercado interior, p.e. mediante una licencia interautonómica para la actividad de las empresas en diferentes CC.AA , en el marco del registro de empresas.
Retomar y priorizar el Inventario Forestal Nacional y su cartografía, el Mapa Forestal Español, como herramientas clave para la gestión forestal sostenible e incluida en el Plan Estadístico Nacional.
Promover la investigación forestal, estableciendo un marco institucional legal y financiero para definir las prioridades de investigación del sector, apoyar su desarrollo y garantizar su aplicación, así como la difusión de resultados.
Atender las obligaciones de información del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, mejorando metodologías para el cumplimiento tanto de la normativa UE, los acuerdos de la Convención de Cambio Climático (LULUCF) incluido el reciente Acuerdo de París en relación a los cambios de uso de suelo, la selvicultura y el efecto sumidero de los productos forestales, así como incentivar los sumideros forestales domésticos.

La ubicación de lo forestal en la AGE ha adolecido durante los pasados 20 años de excesivos cambios tanto de denominación como de ubicación (Agricultura, Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente). Esta última arquitectura establecida en 2008 y vigente hasta la actualidad tiene la virtud de incluir los elementos clave relevantes para la política forestal como desarrollo rural, aguas, medio ambiente, biodiversidad y agricultura en la forma de un departamento de la vida como se ha denominado en otros países (A, UK, DK). El reto de futuro es ahondar para sacar pleno partido del potencial de un departamento con esa única combinación de competencias. A ello ayudaría el sumar a la ya positiva integración en una misma Dirección General de las competencias de desarrollo rural y política forestal, las de biodiversidad así como de Parques Nacionales. Ello permitiría abordar de forma integral las cuestiones que afectan al territorio forestal.

Por todo ello se propone una apuesta decidida por mantener las competencias del actual MAPAMA integrándolas mucho más, superando las inercias de los antiguos Ministerios que lo conforman y activando todo el potencial que alberga y estimulando la interacción entre sus elementos. Ello permitirá abordar con garantías los importantes retos de desarrollo rural y cohesión territorial, cambio climático, aguas o cambio del modelo productivo hacia la bio-economía que tenemos planteados.

Por todo ello, entendemos que el desarrollo rural, la política forestal y la biodiversidad van a ser determinantes en la solución de muchos de los retos de la futura Legislatura, por lo que deberían ubicarse en una misma unidad con rango de Secretaría General.